La autora es abogada. Reside en Santo Domingo
POR MARIA ESTELA DE LEON
La violencia política contra las mujeres constituye una de las expresiones más preocupantes de la desigualdad de género en la vida democrática. Se trata de una franca violación de los derechos humanos que atenta contra la participación equitativa en los espacios de toma de decisiones.
Esta práctica, muchas veces normalizada o invisibilizada, desalienta a las mujeres a participar en la vida pública y política, y debilita la democracia al privarla de voces diferentes.
Según ONU-Mujeres alrededor 736 millones de mujeres han sido víctima de violencia física o sexual. Sin considerar violencia de acoso sexual, embarazos producto de la violencia sexual, las enfermedades de trasmisión sexual ocasionadas por sus compañeros y ex compañeros de vida. Dejando en ellas enfermedades mentales permanentes.
Esta puede expresarse de forma física, sexual, psicológica, económica, digital, simbólica y verbal.
¿Qué es la violencia política contra las mujeres?
“Cualquier acción, conducta u omisión, realizada de forma directa o a través de terceros, basada en su género, cause daño o sufrimiento a una o a varias mujeres, y tengan por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos”, según la Ley Modelo Interamericana.
Esta definición pone en evidencia la necesidad de los Estados implementar medidas concretas para prevenir, sancionar y erradicar estas prácticas, en ese orden, es necesario preguntar ¿Quiénes pueden cometer este tipo de conducta? las instituciones del Estado, partidos políticos, medios de comunicación y líderes de opinión, individuos actuando de manera directa o mediante terceros.
Entre los espacios de manifestación podemos encontrar las redes sociales, medios comunicación, ámbito privado y familiar y organizaciones sociales. Países como Bolivia, Costa Rica, Perú, México, Argentina y la República Dominicana han aprobado o modificado sus legislaciones para tipificar este tipo de violencia. Además, han activado protocolos de acción y programas de sensibilización.
En cuanto a las redes sociales, debemos destacar el hecho de ser espacios para la visibilidad y la promoción de propuestas, también son un terreno hostil, donde el hostigamiento, insultos, ataques a la honra y la dignidad familiar son frecuentes. Existen también otras formas de violencia contra mujeres, a veces muy sutil, como son; la exclusión sistemática de reuniones, los horarios de encuentros, los lugares donde se toman decisiones, entre otras artimañas. Combatir esta situación exige transformar la cultura política.
La sociedad dominicana es compromisaria con la erradicación de la violencia política contra las mujeres, de manera principal están los órganos electorales que garantizan que la participación política de las mujeres esté revestida de las garantías procesales donde les permita competir y desempeñar funciones públicas, libre de violencia.
Además de leyes, las cuales garanticen los derechos de mujeres y hombres en condiciones de igualdad. En esa conciencia social, los partidos políticos deben establecer en sus estatutos sanciones tendientes a proteger a las mujeres en la vida partidaria y que le den cumplimiento de manera efectiva a las existentes.
Se debe destacar que, este delito de manera general, esta regularizado e invisibilizado en la sociedad. Quienes las han padecido no logran identificarla como tal, y las que sí saben, prefieren guardar silencio por razones diversas.
El país sigue avanzando en los compromisos internacionales en la materia, eso lo demuestra el hecho en el cual en 1997 votaran la Ley 24-97 sobre violencia intrafamiliar, la reformulación del Ministerio de la Mujer, la tipificación de la violencia política en razón de género, en la Ley No. 20-23 Orgánica de Régimen Electoral, en su Artículo 316, entre otras decisiones reconocedoras de derechos de mujeres.
Es necesario educación con perspectiva y enfoque de género transversal a todas las instituciones públicas y privadas del país, además de políticas públicas efectivas, para revertir este coctel perverso servido a mujeres y niñas en algunos de los trayectos de sus existencias, las cuales, en este contexto, están condenadas a vivir vidas de miserias.
Es oportuno trabajar para erradicar de la sociedad las distintas modalidades de la violencia política sufrida por las mujeres, cuando deciden participar en la vida pública; para romper con la pobreza, las desigualdades y ejercer sus derechos humanos en plenitud sin discriminación por razón de ser mujer en un mudo diseñado por y para hombres.
jpm-am
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