Francisco Tavárez
En apenas siete meses de gestión, el director del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL), Agustín Burgos, ha ejecutado más de RD$100 millones en campañas publicitarias. Una cifra desproporcionada, inusual y difícil de justificar en una institución cuya misión fundamental es proteger a los trabajadores, no promover la imagen política de sus autoridades.
Burgos, quien renunció a su curul como diputado por La Vega para asumir la dirección del organismo el 2 de mayo de 2025, ha impulsado un gasto extremadamente agresivo en publicidad, con múltiples procesos repetidos bajo el concepto de “Difusión de Campaña Publicitaria”. Llama profundamente la atención la rapidez en la publicación de estos procesos, algunos con horas de diferencia, y la magnitud de los montos aprobados.
Se trata de una práctica alarmante en cualquier circunstancia, pero especialmente grave cuando se ejecuta en una institución técnica que exige rigor, moderación y transparencia. Sin embargo, este gasto solo es la superficie visible de un problema más profundo: la acelerada politización del IDOPPRIL.
Desde su llegada a la entidad, Burgos (dirigente político sin formación técnica en riesgos laborales) ha impulsado cambios internos que han desplazado a profesionales con años de experiencia. Los reemplazos, según denuncias internas, responden más a criterios partidarios que a méritos técnicos, alterando la estructura institucional que garantizaba el funcionamiento especializado y estabilidad operativa.
Esta politización no es un simple desacierto administrativo. Es un riesgo real para la seguridad social en un momento crítico para el país. El sistema aún enfrenta las secuelas de la crisis en el SENASA y la creciente desconfianza ciudadana hacia las instituciones encargadas de proteger a los trabajadores.
Convertir el IDOPPRIL en una plataforma política, en lugar de fortalecer su rol técnico, debilita su capacidad de respuesta y erosiona la credibilidad de una entidad diseñada para actuar con precisión, neutralidad y profesionalismo.
Mientras se priorizan campañas publicitarias millonarias, miles de trabajadores esperan mejores procesos, tiempos de respuesta razonables y verdaderas políticas de prevención de riesgos laborales. La institución no puede darse el lujo de operar bajo lógicas partidarias cuando su labor es atender emergencias, accidentes y situaciones que comprometen la vida y salud de la población trabajadora.
El país necesita un IDOPPRIL blindado de la política, no atrapado por ella. Un IDOPPRIL que funcione, no que haga campaña. Que administre recursos con responsabilidad, no con afán de proyección personal.
La seguridad social dominicana ya enfrenta suficientes tensiones. Cargarla ahora con un IDOPPRIL politizado es una irresponsabilidad que puede agravar un sistema frágil y desgastado.
Es hora de corregir el rumbo. La institución debe devolver el protagonismo a los técnicos, recuperar su independencia y recordar su propósito: proteger al trabajador, no servir de trampolín político.
