
SAN CRISTÓBAL.- Tras la explosión del 14 de agosto de 2023 en San Cristóbal, la Suprema Corte de Justicia emitió este jueves una decisión que cambia el rumbo del proceso: la empresa Vidal Plast SRL quedó descargada de toda responsabilidad penal. Sin embargo, para las más de 50 familias golpeadas por la tragedia, el fallo no significa cierre; al contrario, reaviva la exigencia de justicia y de identificar a los “verdaderos responsables”.
La gran explosión tuvo un episodio previo que ahora adquiere más relevancia. El 18 de marzo de 2023, una chispa encendió el área de almacenamiento de plásticos de Vidal Plast SRL, generando humo tóxico y dejando quemado a un trabajador. Aunque entonces se consideró un incidente menor, los investigadores lo describieron después como un aviso temprano de deficiencias en el manejo de sustancias peligrosas.
Cinco meses más tarde, en pleno mediodía, los gases acumulados del químico Autofina-Luporox A 70S, un peróxido orgánico almacenado en un ambiente cerrado y, según el expediente, sin las condiciones adecuadas, alcanzaron un punto crítico. La detonación destruyó nueve edificios, afectó viviendas cercanas y dejó 38 fallecidos y decenas de heridos, provocando uno de los peores desastres urbanos registrados en la provincia.
Las jornadas posteriores fueron de búsqueda incesante. Durante cinco días, brigadas de bomberos y organismos de socorro removieron escombros con la esperanza de encontrar sobrevivientes. El COE reportaba un incremento constante de fallecidos y heridos, mientras se recibían denuncias de personas desaparecidas.
La tragedia movilizó al país entero: instituciones públicas, organizaciones sociales, empresas privadas y partidos políticos desplegaron ayudas económicas, donaciones, flexibilización de créditos y fondos de emergencia. San Cristóbal vivió días de duelo colectivo y de apoyo comunitario sin precedentes.
A la par del operativo humanitario, el Ministerio Público avanzó en una investigación técnica que reunió 128 piezas de evidencia: peritajes, documentos, testimonios y material audiovisual. La teoría fiscal apuntaba a que en Vidal Plast SRL existían fallas graves en el manejo de sustancias químicas, negligencia operacional y violaciones a normativas medioambientales y sanitarias.
El caso fue declarado complejo el 5 de septiembre de 2023. Un año después, el Ministerio Público presentó acusación formal contra Edward Armando Vidal Garrido, Maribel Sandoval Almánzar y Mercedes Altagracia Vidal, además de la empresa como persona jurídica. La acusación incluía violaciones al artículo 319 del Código Penal, la Ley 42-01 de Salud y la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente.
Ahora, la Suprema Corte de Justicia ha descargado a Vidal Plast SRL de responsabilidad penal, aunque el proceso contra los demás imputados continúa en el Distrito Judicial de San Cristóbal. La decisión abre una nueva etapa para un caso que aún espera determinar si avanzará —o no— a juicio.
Para las familias afectadas, el cierre parcial no representa el final del camino. Aseguran que seguirán reclamando justicia hasta que se esclarezca quiénes deben responder por la explosión que cambió para siempre el centro de San Cristóbal.