
SANTIAGO.– Tras la muerte de cinco hombres en un aparente operativo policial en La Barranquita, Santiago, los agentes involucrados procedieron de inmediato a sustraer equipos de videovigilancia y teléfonos móviles del lugar, con el presunto objetivo de obstruir la investigación, según detalla la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El expediente, que forma parte del caso contra once agentes de la Policía Nacional, sostiene que la sustracción de los DVR —dispositivos de grabación de video— y celulares constituye una acción deliberada para destruir evidencia clave y evitar el esclarecimiento de los hechos. La masacre ocurrió a principios de septiembre y ha causado profunda indignación en la opinión pública.
“El retiro de los equipos de seguridad es un claro indicativo de la intención de los imputados de eliminar pruebas esenciales”, señala el Ministerio Público, que solicita prisión preventiva como medida de coerción, argumentando riesgo de fuga y obstrucción de justicia.
Testimonio: el dueño del local
Uno de los testimonios citados en el expediente es el de Ramón Emilio Abreu Corona, propietario del establecimiento comercial Tecnópolis, donde ocurrió parte del incidente.
Abreu declaró que fue contactado mediante múltiples llamadas desde números desconocidos para que se dirigiera al local, el cual estaba cerrado. Al llegar, observó cadáveres tirados en el pavimento y fue requerido por los agentes para que abriera el negocio.
“Me dijeron que habían prevenido un atraco y que no sabía de la que me había salvado”, relató Abreu, quien permitió el ingreso de entre seis y ocho uniformados al local.
Una vez dentro, los policías le exigieron el DVR del sistema de seguridad, el cual les fue entregado y retirado por ellos sin dejar constancia. Este acto, según el Ministerio Público, refuerza la hipótesis de que se trató de una ejecución extrajudicial y no de un enfrentamiento legítimo.