PEPCA revela cómo fue manipulada la licitación millonaria del INTRANT para la modernización del sistema de semáforos
SANTO DOMINGO.- La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) reveló en su expediente del caso Operación Camaleón que la licitación INTRANT-CCC-LPN-2022-0003, destinada a la “Modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo y su sistema de control centralizado”, habría sido diseñada para beneficiar a la empresa Transcore Latam S.R.L., controlada indirectamente por José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez).
De acuerdo con la acusación, el contrato —valorado en RD$1,317 millones— presentó irregularidades técnicas, documentales y presupuestarias, incluyendo un incremento injustificado del 1,053% sobre el costo real estimado del proyecto.
Según el Ministerio Público, la empresa Transcore Latam, creada en 2021 con un capital de apenas RD$100,000 y sin experiencia en ingeniería vial o semaforización, fue utilizada como fachada de un entramado de compañías relacionadas con Gómez Canaán. Para simular solvencia internacional, los acusados habrían usado prestanombres y supuestos representantes extranjeros, citando falsamente a una matriz estadounidense llamada Transcore Holdings, Inc., con la cual no existía vínculo legal.
La investigación indica que el Comité de Compras y Contrataciones del INTRANT tuvo un papel clave en la adjudicación irregular. Entre los funcionarios señalados figuran Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda y otros colaboradores bajo la dirección del entonces titular del organismo, Hugo Beras.
La PEPCA sostiene que los pliegos técnicos fueron elaborados a la medida de Transcore Latam, incluyendo requerimientos de software y certificaciones exclusivas, mientras que otras empresas competidoras fueron descalificadas por errores menores. “El proceso fue una simulación de competencia destinada a legitimar la contratación de una empresa previamente seleccionada”, detalla el expediente.
Pese al monto adjudicado, la red semafórica no fue modernizada completamente, y varios equipos permanecen almacenados sin uso. La Contraloría General de la República detectó pagos sin constancia de recepción técnica ni actas de conformidad, violando la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones.
De los RD$1,317 millones, se habrían desembolsado RD$489 millones hasta diciembre de 2024, dinero que, según la investigación, fue desviado a cuentas vinculadas a OML Inversiones S.R.L. y Aurix S.A.S., también bajo control de Gómez Canaán. Parte de los fondos se habría usado para adquirir vehículos blindados, propiedades de lujo y transferencias internacionales bajo el concepto de “consultorías”.
Uno de los elementos más graves del expediente es el presunto sabotaje a la red semafórica ocurrido en agosto de 2024, que afectó varios corredores del Gran Santo Domingo. Los peritajes tecnológicos vinculan el ataque a un servidor asociado a Transcore Latam. Según la PEPCA, el propósito habría sido borrar rastros digitales del contrato y de las transferencias electrónicas.
