Mulino suspendió el viernes por cinco días las libertades de reunión y movimiento y dejó sin efecto las garantías constitucionales que impiden la violación del domicilio y el registro de comunicaciones en esa provincia, donde se registraron disturbios.
Los incidentes más graves tuvieron lugar en Changuinola, donde grupos de manifestantes encapuchados provocaron daños en el aeropuerto, un estadio de béisbol, oficinas gubernamentales, y saquearon varios comercios.
Además, desde el pasado 28 de abril, había más de cuarenta bloqueos en carreteras de Bocas del Toro, donde los manifestantes colocaron troncos y objetos pesados para evitar el paso de los agentes, lo que provocó desabastecimiento y pérdidas millonarias.
«Ya existe una consolidación de la policía y de la fuerza pública en general en Bocas del Toro», dijo en conferencia de prensa el director de la policía, Jaime Fernández.
El gobierno panameño, que ha destinado más de 2.500 policías para restablecer el orden, también suspendió internet y la telefonía móvil en Bocas del Toro.
«Hay daños significativos todavía», lamentó Fernández.Hasta la semana pasada, los trabajadores de la compañía bananera estadounidense Chiquita Brands lideraban las protestas en rechazo a una reforma de las pensiones que eliminaba algunos de sus beneficios.
Sin embargo, esos beneficios les fueron restituidos posteriormente tras un acuerdo con el gobierno, por lo que los trabajadores bananeros se retiraron aparentemente de las protestas.
Las autoridades acusan ahora a «bandas delincuenciales» y a «pandilleros» de los saqueos y los disturbios de los últimos días.
