Nueva Ley de Contrataciones Públicas fortalece participación de MIPYMES
SANTO DOMINGO.- La aprobación de la nueva Ley 47-25 sobre Contrataciones Públicas marca un cambio en la forma en que el Estado dominicano gestiona sus compras y contrataciones. Esta legislación, que sustituye el antiguo marco normativo, introduce herramientas innovadoras de trazabilidad, impulsa la inclusión de sectores tradicionalmente marginados y refuerza los mecanismos de control y sanción.
Uno de los principales avances de la ley es el aumento en la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) en las contrataciones públicas. El nuevo texto eleva del 20 % al 30 % el porcentaje obligatorio de adjudicación a este segmento, destinando un 10 % exclusivo para Mipymes lideradas por mujeres.
Además, las instituciones contratantes deberán entregar un anticipo del 30 % a las Mipymes al momento de la firma del contrato, orden de compra o servicio, lo que busca fortalecer su capacidad operativa y reducir barreras financieras.
Otra medida destacada es la obligación de que los proveedores interesados en procesos destinados a Mipymes estén domiciliados en el municipio, provincia o región donde se ejecutará el contrato, fomentando así el desarrollo local y la descentralización económica.
La Ley 47-25 también introduce nuevas modalidades de compra para modernizar el sistema, como la licitación pública abreviada, contratación simplificada, compras conjuntas, convenios marcos y asociaciones para la innovación.
Régimen de consecuencias más severo
La legislación establece un régimen de sanciones más estricto para prevenir actos de corrupción. Los servidores públicos que violen la normativa podrán enfrentar inhabilitación inmediata por un mínimo de cinco años, penas de prisión de 4 a 10 años y multas de 20 a 50 salarios mínimos del sector público.
En el caso de proveedores del Estado, el soborno será castigado con penas similares, además de multas que van de cuatro a diez veces el monto ofrecido. Si la suma no puede determinarse, la multa oscilará entre 20 y 50 salarios mínimos del sector público. Quienes incurran en colusión podrían enfrentar hasta tres años de prisión y sanciones económicas equivalentes.
Con la Ley 47-25, el Gobierno busca no solo mejorar los procedimientos administrativos, sino también recuperar la confianza ciudadana y consolidar una cultura institucional basada en la transparencia, la responsabilidad y la inclusión.
