El presidente Luis Abinader presentó este lunes los supuestos avances en la instauración de un régimen de consecuencias en la administración pública. Entre los datos ofrecidos, destacó la recuperación de RD$6,500 millones, como si eso bastara para convertir su gestión en un hito histórico. No. No confundamos cifras con transformación.
La historia política dominicana nos ha enseñado que los presidentes en funciones suelen maquillar la verdad. Y cuando dejan el poder, es que empezamos a entender la magnitud de sus omisiones y distorsiones. Pasó con Leonel, pasó con Danilo, pasó con Hipólito… y pasará con Abinader.
Entre 2020 y 2025, se enviaron 287 expedientes al Ministerio de Administración Pública por abusos de poder, acoso, maltrato laboral, nepotismo y duplicidad de funciones. De estos, apenas 49 casos llegaron al Ministerio Público, con un tiempo promedio de respuesta de 55 días, por debajo del estándar de 90 días. Se han acelerado procesos, sí, y ha habido participación ciudadana, cierto. Pero la mayoría de las denuncias no terminan en sanción.
Entonces, ¿debemos aplaudir porque se dice que se recuperaron 6,500 millones de pesos? ¿Es eso suficiente para calificar esta como la gestión que más combate la corrupción? No, no y no. No estamos para eso, al menos no en El Demócrata.
No afirmamos que el presidente miente, porque no tenemos pruebas en la mano. Pero tampoco le vamos a creer ciegamente. En República Dominicana, ser presidente significa tener una maquinaria de poder y comunicación que muchas veces opera desde la manipulación. Y no importa cuán bien intencionado parezca el discurso, los datos deben ser verificados, contrastados y contextualizados.
Celebrar cifras sin transparencia, sin auditorías independientes, sin resultados judiciales concretos, es apenas propaganda. Y con propaganda no se construye institucionalidad.
