Santo Domingo. -La investigación sobre el caso del colapso de la discoteca Jet Set reveló que los imputados incurrieron en una operación comercial negligente que puso en riesgo la vida de cientos de personas. Las acusaciones principales incluyen:
Negligencia sistemática en mantenimiento y adecuación estructural: El Jet Set operó con fallas graves en sus instalaciones durante años.
Incumplimiento de normativas de construcción: Se realizaron remodelaciones, adecuaciones y ampliaciones significativas sin los permisos requeridos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) o la Alcaldía del Distrito Nacional.
Alteraciones estructurales sin supervisión técnica: Se eliminó una columna clave y se adaptó la discoteca, originalmente un cine, sin evaluaciones profesionales, afectando la estabilidad del techo.
Sobrecarga excesiva del techo: Se instalaron múltiples elementos pesados como casetas técnicas, ductos, seis aires acondicionados de gran volumen y tinacos de agua, sin estudios que garantizaran la capacidad de la estructura para soportar dicho peso.
Conocimiento de los problemas del techo: Antonio y Maribel Espaillat tenían conocimiento directo y constante de los graves problemas del techo a través de reportes y advertencias de sus empleados, pero optaron por ignorarlas.
Subordinación de la seguridad al beneficio económico: Maribel Espaillat, con conocimiento de un incidente de caída de escombros horas antes del desplome, se negó a suspender la actividad, priorizando la fiesta sobre la seguridad de las personas.
Evidencias y peritajes: Peritos ingenieros sismorresistentes, presidentes de firmas de ingeniería y patólogos fueron designados para realizar un estudio técnico. Los peritajes han confirmado hallazgos críticos como la ausencia de una columna esencial, el anclaje deficiente de vigas y la ausencia de muros de mampostería de soporte, validando las fallas estructurales atribuibles a la gestión de la discoteca.
El Ministerio Público sostiene que los hechos eran «totalmente evitables» si los imputados hubieran actuado conforme a la ley y priorizado la vida. Además, se ha señalado que los imputados intimidaron a testigos para evitar que aportaran pruebas que comprometen su responsabilidad penal.
