Por Francisco Tavárez
El acuerdo entre el Ministerio Público y Maxy Montilla, cuñado del expresidente Danilo Medina, es un golpe frontal a la confianza ciudadana en la justicia dominicana. Montilla y sus empresas aceptaron su responsabilidad penal en el caso Antipulpo y se comprometieron a devolver más de 3,000 millones de pesos. ¿La consecuencia? Ninguna celda, ninguna condena ejemplar, ninguna lección de cárcel para quien saqueó al Estado.
La pregunta se impone con rabia: ¿3 mil millones y sin cárcel? Mientras cientos de dominicanos cumplen penas de hasta 20 años por delitos financieros de mucho menor escala, Montilla se pasea con la tranquilidad de haber comprado su libertad con dinero robado al pueblo.
El magistrado Raymundo Mejía validó el acuerdo presentado por los procuradores Wilson Camacho y Mirna Ortiz, quienes defendieron la negociación como un triunfo en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, para la sociedad, este tipo de arreglos sientan un precedente nefasto: el mensaje es claro, quien robe lo suficiente podrá devolver una parte y esquivar la prisión.
¿Dónde queda la justicia retributiva, el castigo que debería equilibrar la balanza y demostrar que el crimen no paga? Con este pacto, lo que se refuerza no es la confianza en la justicia, sino la percepción de que la ley en República Dominicana sigue teniendo nombre, apellido y privilegios.
Si al ciudadano común lo condenan sin contemplaciones, ¿por qué a los responsables de estafar al Estado con miles de millones se les permite negociar? La respuesta duele, pero está frente a nuestros ojos: en el país aún opera una justicia selectiva que castiga con severidad a los débiles y se muestra complaciente con los poderosos.
La corrupción no se derrota con acuerdos indulgentes, sino con sanciones firmes que dejen claro que quien roba al Estado roba el futuro de millones de dominicanos.
