RDÉ DIGITAL, SANTO DOMINGO.- Desde este lunes, los comerciantes chinos afectados por el cierre de sus negocios iniciarán un proceso de diálogo con las autoridades competentes. El objetivo es alcanzar un acuerdo que permita la reapertura de los establecimientos clausurados, informó el abogado Salvador Catrain.
Convocatoria al diálogo
Catrain, representante legal de los empresarios afectados, explicó que fue convocado a una reunión este lunes a las 10:00 de la mañana, tras recibir una llamada oficial. Por esta razón decidió posponer la rueda de prensa que tenía prevista el domingo.
“Entendemos que va a comenzar un proceso de diálogo que garantice la posición que ha asumido el MIVHED y, por otro lado, los derechos de las empresas que representamos”, señaló. El abogado exhortó a medios y público a mantenerse atentos al desarrollo de los encuentros y destacó que los acuerdos consensuados son la mejor vía para resolver este tipo de conflictos.
Cierre de negocios y situación actual
El conflicto se originó tras el cierre de las tiendas SUPLAX, en la avenida Nicolás de Ovando, y DECOPLAX, en Santiago. Más de 500 empleados se han visto afectados. Según Catrain, estas medidas constituyen “un abuso de las autoridades en un mercado de libre competencia”.
El MIVHED clausuró los establecimientos el 26 de agosto y el 8 de septiembre de 2025, alegando supuesta falta de licencia de construcción. Posteriormente, la medida se extendió a nueve comercios adicionales, sumando once negocios afectados en total.
Denuncias de los empresarios
Los representantes legales aseguran que el MIVHED actuó de manera arbitraria y fuera de su competencia. Aseguran que los locales cuentan con permisos municipales y medioambientales vigentes. Según ellos, las intervenciones deberían limitarse a proyectos en construcción, no a establecimientos ya operativos.
Además, denunciaron la falta de transparencia en el proceso. El cierre se ejecutó antes de que la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (ONISVIE) emitiera un informe técnico, fechado el 17 de septiembre. Dicho informe nunca fue entregado formalmente a las partes.
Recursos legales y medidas cautelares
En respuesta, las empresas interpusieron un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior Administrativo. Solicitaron también una medida cautelar para suspender los efectos de las decisiones del MIVHED mientras se conoce el fondo del caso. La audiencia está programada de forma virtual para el 16 de octubre de 2025.
Mientras tanto, más de 3,000 empleos están en riesgo a nivel nacional. Además, se estima que el cierre ha generado una pérdida fiscal significativa para el Estado dominicano.
Garantías técnicas y reapertura temporal
Las compañías afectadas aseguran cumplir con todos los requisitos legales. Han contratado técnicos estructuralistas certificados por el MIVHED, junto a ingenieros y asesores legales, para garantizar la adecuación técnica de los locales.
Los representantes legales reiteraron la importancia de un diálogo constructivo que permita la reapertura temporal de los comercios durante el proceso de regularización. Esto ayudaría a evitar daños económicos, pérdida de empleos y un deterioro en la confianza de la inversión extranjera.
Confianza en la vía del entendimiento
“Entendemos que va a comenzar un proceso de diálogo…”, concluyó Catrain. Confía en que la vía del entendimiento permitirá resolver un conflicto que ha puesto a prueba la seguridad jurídica y la estabilidad empresarial en la República Dominicana.
