Cumpliendo con lo establecido en la Ley 17-19 y en una resolución emitida en 2019, el Ministerio Público de la República Dominicana, bajo el liderazgo de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso, ha creado la Unidad de Investigación de Comercio Ilícito (UICI), como parte de su política de fortalecimiento en la persecución de delitos que afectan a la sociedad.
La nueva unidad, puesta bajo la coordinación de la procuradora adjunta Isis de la Cruz Duarte, fue establecida por el Consejo Superior del Ministerio Público. Tendrá como misión coordinar con la Dirección General de Persecución y otras áreas operativas del órgano persecutor todas las acciones destinadas a combatir de manera efectiva los delitos que atentan contra el comercio lícito.
El Ministerio Público destacó que, en coordinación con diversas agencias estatales, ya se han ocupado mercancías ilícitas valoradas en más de 100 millones de pesos, como parte de los operativos ejecutados en los últimos meses.
Como parte de estas acciones, para el próximo jueves está programada la destrucción de productos adulterados por un valor aproximado de 18 millones de pesos. Esta medida busca enviar un mensaje contundente sobre la determinación de las autoridades de erradicar el comercio ilegal, en especial aquel que pone en riesgo la salud de la población.
El comercio ilícito, además de lesionar la economía formal y los ingresos del Estado, genera graves daños sociales. Una trágica evidencia de ello fueron las muertes provocadas por el consumo de alcohol adulterado en 2020, un episodio que dejó una marca dolorosa en el país.
La Ley 17-19, sobre la Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados, la cual entró en vigor el 20 de febrero de 2019, tipifica los delitos vinculados al comercio ilícito y establece sanciones administrativas y penales, con el objetivo de proteger a los consumidores y garantizar el funcionamiento justo y legal del mercado.
Con la creación de la UICI, el Ministerio Público reafirma su compromiso de enfrentar con firmeza los delitos económicos que socavan el desarrollo del país y ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos.
