EL AUTOR es Master en Gestión y Políticas Públicas. Reside en Santo Domingo
El déficit y posterior escándalo de presunta corrupción en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) no solo ha sacudido la confianza en la gestión gubernamental, sino que también amenaza con destapar irregularidades en otras instituciones públicas de la República Dominicana, como el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), el Programa de Proyectos Especiales de la Presidencia (Propeep), el programa SuPerate y la reparticion de dinero entre empleados en el Ministerio de Agricultura, entre otros.
El último caso de corrupción administrativa salió a la luz hace varias semanas, aunque fue este sábado que el Gobierno anunció que presentó un informe ante la Procuraduría General de la República que contiene grandes irregularidades en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), para que realicen las investigaciones pertinentes s/ Listin Diario.
Se trata de la administración del Dr. Santiago Hazin al frente Senasa, y diversos contratos para la adquisición de medicamentos, mala gestion en la atención primaria, entre otros, con irregularidades, pero si el Dr. Hazin tiene responsabilidad como gestor de SeNaSa tambien hay que determinar si las clínicas privadas, farmacias y prestadores de servicios que se dice cobraron procedimientos inexistentes, afirman que son los verdaderos responsables del desfalco millonario.
Aunque el Gobierno no ha especificado los hallazgos encontrados en su investigación, varios reportajes señalan, que desde el 2020 a la fecha el Gobierno paga, en al menos un contrato, más de 65 millones de pesos mensuales, sin la necesidad de que se ofreciera el servicio para atención primaria. Ese dinero, practicamente era un regalo que se le daba a ese grupo.
El caso salió a la luz pública tras denuncias de dirigentes del partido Fuerza del Pueblo, quienes señalaron un déficit superior a los RD$3,000 millones en SeNaSa. Posteriormente, las autoridades confirmaron un monto mayor a través de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), lo que obligó al presidente Luis Abinader a autorizar una transferencia extraordinaria de RD$6,000 millones desde los fondos de esa institución para cubrir el déficit. Concomitantemente, fue depositado un expediente ante la Procuraduría General de la República por parte de Sheara Haton y del actual director de SeNaSa, a fin de que el caso sea investigado a profundidad (Listín Diario, 2025).
El sometimiento de este caso a la justicia abre la puerta a que otros expedientes, igualmente sensibles, reciban la atención debida. Entre ellos figuran:
El escándalo del INTRANT, donde se cuestiona la gestión de Hugo Beras y Hochi Gómez en el mal manejo de licitaciones multimillonarias.
Las irregularidades detectadas en el INABIE, relacionadas con licitaciones suspendidas por presuntas prácticas fraudulentas en el suministro de alimentos escolares.
La asignación irregular de recursos en Agricultura; las asignaciones sin control por parte del Programa Superate con mas de RD$400 millones en bonos distribuidos sin la debida transparencia. El caso en la Ogtic, en la administracion de Bartolome Pujals sobre la contratacion de Twiteros por $6 millones de pesos para crear proyectos que nunca se ejecutaron; alquiler de un nuevo edificio a sobreprecio, segun denuncias y varias licitaciones cuestionadas.
La acumulación de estos casos refleja un deterioro en la credibilidad del gobierno de Abinader, que en cinco años ha estado marcada por múltiples denuncias de corrupción, con pocos resultados judiciales tangibles. La situación se agrava en un contexto económico adverso: el dólar alcanzó niveles históricos en agosto y septiembre de 2025, encareciendo los productos de primera necesidad; la factura eléctrica sigue aumentando en medio de apagones recurrentes; y persisten las deudas pendientes de una reforma policial estructural, cuyo incumplimiento ha derivado en tragedias como el asesinato reciente de cinco jóvenes en Santiago de los Caballeros (Diario Libre, 2025). Ademas segun informes el 20% de los casos homicidios han sido perpetrados por la policía.
La sociedad dominicana se muestra cansada de una práctica recurrente: funcionarios que son destituidos bajo el manto de rumores de corrupción o incapacidad administrativa, pero que rara vez enfrentan la justicia por los daños causados al erario publico. Este ciclo de impunidad genera una peligrosa combinación de desconfianza social, bajo crecimiento económico y debilidad institucional, factores que limitan la capacidad del Estado para impulsar políticas públicas eficaces (PNUD, 2023).
A estas alturas del mandato, el gobierno tenía suficiente margen para demostrar eficiencia, eficacia y capacidad de gestión, cumpliendo con el llamado “gobierno del cambio”. Sin embargo, los resultados han estado por debajo de las expectativas. La transparencia, la institucionalidad y la democracia, pilares fundamentales de una República moderna, siguen siendo promesas inconclusas.
El caso SeNaSa, lejos de ser un hecho aislado, podría convertirse en el símbolo de la deuda pendiente del gobierno con la ciudadanía: garantizar un verdadero combate a la corrupción y un manejo transparente de los recursos públicos. De no hacerlo, la historia lo recordará no por el cambio prometido, sino por haber dejado intactas las viejas prácticas que minan la confianza en el Estado dominicano.
of-am
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La entrada El caso SENASA: ¿la punta del iceberg de la corrupción en RD? se publicó primero en Sarmeinto24h Noticias.
