
Por: Francisco Tavárez
La reciente publicación del Índice Mundial de Estado de Derecho 2025 del World Justice Project (WJP) confirma una tendencia alentadora: la República Dominicana avanza. El país escaló once posiciones, del puesto 86 al 76 entre 143 naciones, registrando además un incremento de 2.1% en su puntuación general.
Este resultado, que lo sitúa entre los 16 mejor posicionados de América Latina y el Caribe, no es fruto del azar, sino de un esfuerzo sostenido por fortalecer las instituciones y garantizar un acceso más justo y transparente a la justicia.
El mayor impulso provino del sistema de justicia penal, donde se evidencian mejoras en el respeto al debido proceso, la eficiencia procesal y la lucha contra la corrupción. La implementación del sistema de gestión de casos en materia penal ha marcado un antes y un después, permitiendo una trazabilidad efectiva de los expedientes y una reducción notable de la mora judicial.
Este avance, aunque aún con desafíos pendientes, es una señal clara de que el país avanza en la dirección correcta: consolidar un Estado de Derecho más sólido, moderno y confiable. Fortalecer la justicia no solo mejora los indicadores internacionales, sino que fortalece la democracia y la confianza ciudadana en las instituciones.
La República Dominicana demuestra así que el progreso institucional no se mide solo en cifras, sino en resultados verificables que impactan la vida cotidiana de sus ciudadanos.