Diputados aprueban aumento de más de RD$10,600 millones en deuda pública
Santo Domingo, RD.- Tras un rápido recorrido legislativo de apenas siete días, la Cámara de Diputados convirtió este martes en ley el proyecto que incrementa en RD$10,627.8 millones el tope de autorización del Ministerio de Hacienda y Economía para emitir y colocar valores de deuda pública durante este año.
La pieza legislativa modifica la Ley 90-24, elevando el límite de RD$350,990.4 millones a RD$361,618.2 millones, monto que permitirá al Poder Ejecutivo ampliar su margen de maniobra en materia de financiamiento.
La iniciativa fue declarada de urgencia y aprobada en dos lecturas consecutivas, al igual que había sucedido un día antes en el Senado de la República. En la Cámara Baja, la primera votación alcanzó mayoría simple, mientras que la segunda logró una mayoría calificada, con 111 votos a favor y 22 en contra.
Debate entre oficialismo y oposición
El proyecto generó un intenso cruce de acusaciones entre legisladores del oficialismo y diputados opositores de la Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), quienes denunciaron que la medida representaba un nuevo endeudamiento.
El diputado Tobías Crespo advirtió que los fondos podrían ser utilizados para “tapar irregularidades en instituciones públicas”, mientras que otros congresistas opositores criticaron la gestión presupuestaria del Gobierno.
En contraste, el legislador Wandy Batista (PRM) sostuvo que la emisión no constituye un préstamo adicional, sino que una parte importante de esos recursos se utilizaría para redimir valores de deuda vencida.
“No todo dinero que hay que pagar es fruto de un préstamo”, puntualizó Batista, generando la reacción airada de los opositores.
Justificación del Gobierno
En la carta remitida al Congreso, el presidente Luis Abinader defendió la medida, asegurando que responde a la expansión del gasto de capital prevista en la modificación del Presupuesto General del Estado 2025.
El mandatario indicó que se trata de una estrategia de política fiscal contracíclica, orientada a mitigar los efectos de la coyuntura internacional, dinamizar la economía y promover un crecimiento sostenible, “asegurando al mismo tiempo la sostenibilidad de las finanzas públicas y el cumplimiento de la regla fiscal”.
La nueva ley será enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación y posterior publicación.
