El autor es economista y contador. Reside en Punta Cana.
POR RAFAEL RAMIREZ
En el marco de los debates de seguir insistiendo en construir un nuevo aeropuerto en las proximidades del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, explicaré de una forma sencilla, entendible, económica, con objetividad y estratégica, la razón por la cual considero que no es factible otro aeropuerto en Punta Cana.
Mucho se habla de construir un nuevo aeropuerto Internacional en dicha zona a simple vista. Esto podría parecer una buena noticia: más inversión, más empleos, más turistas. Pero si nos detenemos a pensar con sensatez, veremos que este proyecto no es ni necesario, ni rentable, ni justo.
Alegar que construir otro aeropuerto traerá más turistas es un razonamiento que ignora la lógica del mercado: los aeropuertos no crean demanda, la administran. Lo que sucedería en este caso es una simple división del flujo actual, sin incremento real del volumen de pasajeros. El resultado sería una pérdida de eficiencia, reducción de ingresos, disminución del empleo, caída en las ventas de suplidores, y un incremento del gasto público por duplicación de servicios estatales como migración, CESAC, DNCD, Salud Pública, IDAC, Autoridad Portuaria, Aduanas, Agricultura etc.
Es que un nuevo aeropuerto no garantiza un mayor número de pasajeros. La demanda turística no se multiplica por tener más pistas de aterrizaje. De hecho, lo más probable es que la cantidad actual de pasajeros se divida entre dos terminales, afectando directamente los ingresos operativos del aeropuerto existente y poniendo en riesgo su estabilidad financiera al dividirse el tráfico, ninguno de los dos aeropuertos operaría al 100%, lo cual haría insostenible su mantenimiento, afectando a empleados, suplidores y al propio Estado en términos de recaudación e inversión.
La distancia proyectada entre ambas terminales sería de apenas 11 kilómetros, una condición que plantea serias preocupaciones desde el punto de vista operativo, logístico y económico. Aunque como Estados Unidos donde coexisten el Aeropuerto JFK y Laguardia en Nueva York o en Europa como Heathrow y Gatwick en Londres, es fundamental aclarar que esos países cuentan con una densidad de tráfico aéreo inmensamente mayor, poblaciones mucho más grandes, sistemas de transporte altamente integrados y un entramado urbano que justifica tal infraestructura.
La República Dominicana, en cambio, no presenta en la actualidad un volumen de pasajeros que sustente la coexistencia de dos aeropuertos internacionales en un radio tan reducido. De hecho, uno de los riesgos más evidentes de esta propuesta es la canibalización del flujo de pasajeros, lo que podría resultar en una reducción sustancial de los ingresos operativos de ambos aeropuertos, debilitando su sostenibilidad financiera.
El Aeropuerto Internacional de Punta Cana ha demostrado eficiencia, solidez operativa y estratégica, al punto de convertirse en la principal puerta de entrada del turismo nacional. Su cercanía con los principales polos hoteleros (menos de 15 minutos de traslado promedio), su infraestructura técnica y su trayectoria lo convierten en un activo clave para la economía del país.
Es importante aclarar que la existencia de un solo aeropuerto en una zona no constituye un monopolio es racionalidad económica, se trata de una respuesta lógica a la estructura del mercado especialmente si la demanda actual no justifica más de una terminal aérea. De hecho, ya existe otro aeropuerto en La Romana que opera por debajo de su capacidad, lo cual refuerza la idea de que no existe espacio económico para una tercera instalación en esa zona. Esto evidencia que el mercado no tiene el tamaño suficiente para sostener múltiples operaciones aeroportuarias tan cercanas.
Estoy plenamente de acuerdo con la libre competencia y la mejora de los servicios; sin embargo, la competencia solo tiene sentido cuando hay un mercado robusto que la sustente. Lo contrario es simplemente una duplicación de infraestructura que conlleva altos costos y riesgos de fracaso.
Desde un enfoque de desarrollo territorial equilibrado y si realmente se quiere desarrollar el país, el verdadero desarrollo se logra llevando infraestructura donde no la hay, no duplicando lo que ya existe. Si el objetivo de estos nuevos inversionistas es generar empleos, dinamizar la economía y fortalecer el turismo, entonces deben apostar por zonas con menor grado de desarrollo turístico, como Miches, Pedernales, Montecristi, Bahía de las Águilas etc. donde la inversión aeroportuaria sí haría una diferencia real, y donde el uso de la Ley 158-01 tendría sentido como estímulo.
El equilibrio es progreso, nuestro país necesita inversión, sí, pero también necesita planificación y racionalidad. No se trata de oponerse al crecimiento, sino de garantizar que cada paso que demos tenga sentido económico, social y estratégico. Un nuevo aeropuerto en esta zona, lejos de ser una solución, podría convertirse en un problema a mediano plazo.
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