Casos de narcotráfico salpican a dirigentes y exfuncionarios del PRM durante 2025
Santo Domingo.- Durante este 2025, diputados, alcaldes, regidores, funcionarios y exfuncionarios pertenecientes a las filas del Partido Revolucionario Moderno (PRM) han sido vinculados a redes criminales y de narcotráfico, al punto de que varios fueron extraditados a Estados Unidos y Puerto Rico.
Son los rostros de quienes se escudaron en la política para delinquir y la usaron hasta alcanzar espacios en el Congreso, las alcaldías y el propio Gobierno.
Su estrategia no rindió los frutos de impunidad que esperaban y, en mayo de este año que finaliza, fue desvinculado de sus funciones como asesor honorífico para las Zonas Francas el empresario Fabio Augusto Jorge-Puras, ligado también al béisbol, luego de que un jurado federal de Estados Unidos lo acusara de distribuir cocaína.
Mientras tanto, Erickson Herrera Silvestre, regidor del PRM por el Distrito Nacional, se entregó ese mismo mes a las autoridades norteamericanas, tras ser acusado de integrar una red internacional de tráfico de cocaína. Cuatro meses después, Herrera Silvestre fue suspendido por el Consejo de Regidores del Distrito Nacional.
Asimismo, en este 2025 el exfuncionario del Ayuntamiento del Distrito Nacional y exseguridad del expresidente Hipólito Mejía, Gaspar Antonio Polanco Virella, alias El Grande, se entregó a las autoridades de La Florida para responder por la acusación de conspiración para distribuir cocaína con conocimiento de su importación ilegal a Estados Unidos.
De igual forma, la expareja de Jacqueline Fernández, diputada de La Romana por el Partido Revolucionario Moderno, Ethian Vásquez, en noviembre aceptó de manera voluntaria su extradición a Puerto Rico para enfrentar cargos de traficar al menos cinco kilogramos de cocaína.
Estos y otros casos obligaron a José Ignacio Paliza a ofrecer declaraciones públicas sobre el tema.
De inmediato, los argumentos de Paliza fueron cuestionados por legisladores, incluso de su propio partido.
Los esposos de El Seibo, Juan Maldonado y Faustina Guerrero Cabrera, implicados en la Operación Falcón, son otros miembros del PRM vinculados al narcotráfico.
Maldonado fue suspendido de Comunidad Digna, mientras Guerrero, amparada en su inmunidad parlamentaria, mantuvo su cargo y ganó nuevamente la curul para el período 2024-2028. El proceso continúa en los tribunales de Santiago.
En la Suprema Corte de Justicia hay un proceso abierto contra el diputado de Santiago, Nelson Marmolejos Gil, quien, pese a los señalamientos por narcotráfico, fue dejado competir por el PRM y se mantiene en el puesto para el período 2024-2028.
En un caso más reciente, fue apresado bajo la acusación de dirigir una banda de narcotraficantes Francisco Alberto Paulino, expresidente del Concejo de Regidores del municipio de Boca Chica, cuya regiduría abarcó el período 2020-2024 y que actualmente se desempeñaba como empleado del Programa Supérate.
Pese a este panorama, legisladores y dirigentes del PRM defienden la postura del Gobierno frente a quienes infringen la ley.
Una posición diferente asumió Participación Ciudadana, que en reiteradas ocasiones exhortó al PRM a depurar mejor a sus dirigentes, citando casos como el de Miguel Gutiérrez, detenido en 2021 por narcotráfico a un año de ser electo diputado por Santiago y quien cumple condena en Estados Unidos. Mientras, Rosa Pilarte, exdiputada de La Vega, recibió una condena de cinco años tras ser encontrada culpable de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
El papel fiscalizador de la Junta Central Electoral también ha quedado en tela de juicio por los casos en los que narcotraficantes han sido candidatos e incluso han ganado diputaciones y regidurías.
El presidente del Partido Revolucionario Moderno anunció que propondrá ante el Congreso Nacional una modificación a la Ley 155-17, sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo, con el propósito de incluir a las entidades políticas como sujetos obligados dentro del sistema antilavado y así combatir de manera más efectiva estos delitos.
