CARD califica el año 2025 como el año del retroceso judicial, al denunciar la existencia de una justicia cara, lenta y deficiente

SANTO DOMINGO.-El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) calificó el año 2025 como el año del retroceso judicial, al denunciar la existencia de una justicia cara, lenta y deficiente, además de negadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos, al tiempo que exigió un mayor presupuesto para el Poder Judicial.

Con motivo de la conmemoración del Día del Poder Judicial, el gremio celebró una Marcha Nacional por la Dignidad del Abogado y el Acceso a la Justicia frente a la Suprema Corte de Justicia, en una manifestación cívica, pacífica y de alto contenido institucional. Durante la jornada, los abogados defendieron la dignidad del ejercicio profesional y denunciaron las deficiencias estructurales del sistema de justicia dominicano, entre ellas la falta de presupuesto, la inexistencia de condiciones reales de acceso a una justicia pronta y oportuna, independiente, eficiente y respetuosa de los derechos fundamentales, tanto para los abogados como para la ciudadanía.

El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que esta movilización responde a una profunda preocupación del gremio jurídico ante situaciones que afectan gravemente el Estado social y democrático de derecho. Señaló como males reiterados la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de las sentencias, la debilidad institucional de la jurisdicción administrativa, la precarización del ejercicio profesional del abogado y los obstáculos que enfrentan tanto los abogados como la población para acceder a una tutela judicial efectiva.

Dentro de los reclamos del gremio se encuentran:

A) El establecimiento de un salario mínimo de RD$60,000 para todos los abogados que laboran en el Poder Judicial.

B) El rechazo al traslado de la Tercera Sala de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo hacia Los Mameyes, por las dificultades que genera para el acceso a la justicia de decenas de usuarios y profesionales del derecho.

C) El respeto al escalafón de la carrera judicial y mejores condiciones de vida para jueces y servidores judiciales, incluyendo, por parte del Poder Ejecutivo, la creación efectiva de un sistema de pensiones para el Ministerio Público.

D) La apertura de los Tribunales Superiores Administrativos de Primera Instancia, previstos en la Constitución de la República Dominicana (artículo 164), los cuales llevan más de 15 años sin respuesta ni diligencia alguna.

Asimismo, el CARD reclamó el cese de la administración de justicia en furgones y espacios deteriorados que atentan contra la dignidad de los abogados y de los usuarios del sistema; el establecimiento de estafetas especiales exclusivas para los abogados en las gestiones de los tribunales y de la jurisdicción inmobiliaria; y la solución al cuello de botella y a las condiciones de indignidad en que desarrollan sus labores los abogados en dicha jurisdicción, caracterizada por requerimientos y una burocracia excesiva y prolongada que hace casi imposible el ejercicio profesional.

El gremio también exigió mayor adiestramiento y facilidades en materia informática y digital, para que los abogados puedan acceder con mayor facilidad a la denominada virtualización de la justicia, implementada por el Poder Judicial, además de reiterar la necesidad de un mayor presupuesto y de múltiples medidas que garanticen un ejercicio profesional digno.

El CARD lamentó el ejercicio retórico de rendición de cuentas del Poder Judicial, basado en cifras y estadísticas que, a su juicio, no se corresponden con la realidad que vive el pueblo dominicano. Criticó que, año tras año, las autoridades judiciales presenten datos alejados del día a día de la ciudadanía, frente a la reiterada violación de derechos fundamentales.

En ese sentido, señaló que en la práctica se observan casos de personas privadas de libertad por el robo de un conejo, gallinas, un salami o una mano de plátanos, como frecuentemente reflejan los medios de comunicación, en contraste con los delitos de cuello blanco cometidos por sectores poderosos que gozan de altos niveles de impunidad.

Finalmente, el Colegio de Abogados, acompañado de decenas de abogados y directivos del CARD, pidió al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, que, ante el inminente vencimiento de su mandato constitucional de siete años, deje como legado histórico la instauración de los Tribunales Superiores Administrativos de Primera Instancia, en cumplimiento de la Constitución.

Señaló que estos tribunales constituirían una verdadera puerta de entrada al Estado de derecho, frente a la relación desigual que enfrentan los ciudadanos ante el Estado dominicano en el ámbito de la administración pública y la constante conculcación de sus derechos fundamentales.