POR JOSE ALEJANDRO MONTESINO
La empresa minera Barrick Gold está desarrollando un proyecto para construir una nueva presa de colas en la comunidad de El Naranjo, ubicada en la provincia Sánchez Ramírez, República Dominicana. Esta infraestructura es esencial para extender la vida útil de la mina Pueblo Viejo hasta más allá de 2040, dado que la actual presa El Llagal está próxima a alcanzar su capacidad máxima .
Características del proyecto
La nueva presa de colas, denominada El Naranjo está diseñada para tener una longitud de aproximadamente 4 kilómetros y una altura de 157 metros. Se prevé que almacene alrededor de 344 millones de toneladas de relaves (desechos mineros) y 452 millones de toneladas de roca estéril.
La construcción de esta presa implica el reasentamiento de seis comunidades: El Naranjo, El Rayo, El Higo, Arroyo Vuelta, Lajas y Tres Bocas.
Reasentamiento y compensaciones
Barrick Gold ha anunciado una inversión de aproximadamente RD$18,000 millones en el proceso de reasentamiento, que incluye la construcción de 653 viviendas con servicios básicos, áreas recreativas, escuelas y otras infraestructuras comunitarias . Además, se ha ofrecido a las familias afectadas terrenos de 1.5 tareas para actividades de subsistencia.
Controversias y preocupaciones
A pesar de los planes de compensación, el proyecto ha generado oposición por parte de las comunidades locales y organizaciones ambientales. Los residentes han expresado preocupaciones sobre la suficiencia de las compensaciones ofrecidas y los posibles impactos ambientales, como la contaminación del río El Naranjo y otros cuerpos de agua cercanos. Además, estudios han señalado riesgos asociados con la construcción de la presa, especialmente en caso de eventos sísmicos o lluvias intensas .
Recientemente se han presentado recursos legales solicitando la suspensión inmediata de las actividades de desmonte en la zona, argumentando que estas acciones afectan negativamente al medio ambiente y a las comunidades locales .
El proyecto de la presa de colas El Naranjo representa un punto de tensión entre los intereses económicos de la minería y las preocupaciones sociales y ambientales de las comunidades afectadas.
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