VIDEO: Dolor y clamor de justicia en Azua durante velorio de joven ultimada por teniente coronel en el Mirador Sur
AZUA.– En un ambiente de dolor y consternación, fueron velados en esta provincia los restos de la joven Licairis Yalibes Díaz Valenzuela, de 25 años, quien habría sido ultimada por su pareja, el teniente coronel del Ejército de la República Dominicana (ERD), Samuel Elías Céspedes Valdez, en un hecho ocurrido en el Mirador Sur, en Santo Domingo.
Parientes y allegados de Licairis, visiblemente afectados, exigieron justicia por el homicidio de la joven, ocurrido la noche del pasado domingo, al tiempo que manifestaron su esperanza de que el caso sea debidamente procesado por las autoridades.
El pasado lunes, la Policía Nacional informó sobre la detención del oficial superior del ERD, identificado como Samuel Elías Céspedes Valdez, de 43 años, quien fue arrestado y puesto bajo custodia policial tras el suceso registrado en las inmediaciones de la calle Freddy Beras Goico (antigua avenida de la Salud), en el sector Mirador Sur, del Distrito Nacional.
Este martes, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva como medida de coerción contra el teniente coronel del ERD, acusado de causar la muerte de la joven durante un hecho ocurrido el domingo 25 de enero en el parque Mirador Sur, en el Distrito Nacional.
El imputado, Samuel Elías Céspedes Valdez, enfrenta cargos por homicidio en perjuicio de Licairis Díaz, con quien mantenía una relación sentimental. De acuerdo con la investigación, la joven perdió la vida tras recibir un disparo de arma de fuego durante una discusión entre ambos mientras se encontraban en el referido parque.
Según la solicitud presentada por la procuradora de corte Santa Matilde Reyes Valenzuela, titular del Departamento de Asuntos Internos de la Fiscalía del Distrito Nacional, agentes policiales acudieron al lugar tras recibir una alerta, confirmando posteriormente el fallecimiento de la víctima.
El oficial fue arrestado en flagrante delito, luego de que se le informaran sus derechos constitucionales, y posteriormente fue trasladado al departamento correspondiente para los fines legales.
El levantamiento del cadáver fue realizado por un médico legista del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), quien certificó que la causa de la muerte fue una herida por proyectil de arma de fuego, con una trayectoria incompatible con un hecho accidental, como habría alegado el imputado.
El Ministerio Público sostuvo que la evidencia recopilada permite establecer que se trató de un homicidio voluntario, señalando además que el arma utilizada fue entregada de forma voluntaria y se encuentra bajo custodia de las autoridades.
Los hechos fueron calificados jurídicamente como homicidio voluntario, en violación de los artículos 295 y 304, numeral II, del Código Penal Dominicano, por lo que se solicitó la imposición de prisión preventiva contra el imputado.
