Alejandro
ASTURIAS, España.- Alejandro es dominicano y está casado con una mujer de su misma nacionalidad, aunque con raíces familiares españolas, lo que le permitió acceder a la nacionalidad. Ambos llegaron a Asturias hace seis años con la intención de construir un futuro que la República Dominicana ya no les ofrecía.
“Nos marchamos porque allí la situación es mucho más dura de lo que se vende al exterior, más allá de los hoteles de lujo”, explica Alejandro al portal La Nueva España. Así comenzó su andadura en el Principado, que, pese a contar con la ventaja administrativa de su matrimonio, estuvo marcada por la incertidumbre y la espera.
Sus primeros meses no fueron sencillos. “Tardé un año y cinco meses en conseguir los papeles”, recuerda. Durante ese tiempo, la imposibilidad de regularizar su situación limitó su acceso al empleo y retrasó su integración. “Hasta que no tuve la documentación no pude arrancar de verdad”, señala. Una experiencia que, a su juicio, demuestra que ni siquiera los vínculos familiares con ciudadanos españoles garantizan procesos ágiles.
Desde esa vivencia personal valora positivamente la aprobación del real decreto impulsado por el Gobierno central, que prevé la regularización de hasta 500.000 migrantes que acrediten más de cinco meses de permanencia en el país. “Es una medida de gran ayuda”, afirma, aunque matiza que el éxito dependerá de la agilidad administrativa. “Confío en que los trámites puedan simplificarse porque no son pocos ni fáciles”, apunta.
Alejandro subraya que quienes migran lo hacen por necesidad y no por capricho. “Los que nos vamos sabemos muy bien por qué lo hacemos. En mi país la situación es complicada y fue eso lo que nos empujó a salir”, insiste. Por eso ve con esperanza cualquier iniciativa que reduzca la incertidumbre. “Si de verdad se puede regularizar la situación con documentos básicos como un billete de transporte o una cita médica, el proceso será mucho más accesible para muchos”, opina.
Hoy, ya asentado en Asturias, Alejandro mira atrás con la sensación de haber superado una etapa especialmente dura. Su historia pone el foco en la lentitud de los procesos administrativos y en la necesidad de políticas que faciliten una integración real. Para él, el nuevo decreto no solo representa una medida legal, sino la posibilidad de que otras personas no tengan que pasar por años de espera para empezar una vida estable.
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