Francisco Tavárez
Edición Dominical para El Demócrata.
Un país no avanza únicamente con mayor inversión en educación, un sistema de salud eficiente o una economía estable. También progresa cuando quienes diseñan, dirigen e implementan las políticas públicas lo hacen desde la preparación y la experiencia, y no desde la improvisación. Sin embargo, en la República Dominicana, con honrosas excepciones, el Estado continúa operando como un botín político: los cargos se distribuyen según la lealtad partidaria y, cuando los técnicos son desplazados, áreas estratégicas para el desarrollo nacional terminan sumidas en el desorden y la ineficiencia.
Se ha convertido en una cultura malsana que, con cada cambio de gobierno, se desplace de manera sistemática al personal existente, llevándose consigo a técnicos capacitados que, hayan ingresado o no en la administración anterior, cuentan con trayectoria, formación y resultados comprobables dentro de la institución. Cuando esto ocurre, no es casualidad que las áreas afectadas comiencen a mostrar fisuras y debilidades que derivan en un funcionamiento deficiente. De ello hemos sido testigos a través de proyectos mal ejecutados, producto de la falta de preparación y de la ausencia del conocimiento técnico necesario. Este no es un problema atribuible a un gobierno en particular, sino una cuestión de país que no puede seguir ignorándose si realmente aspiramos a avanzar con firmeza, porque las buenas intenciones por sí solas no garantizan resultados.
Es imprescindible que, como país, se priorice al técnico que, de manera silenciosa, ha construido un camino sustentado en resultados. Apostar por una cultura de productividad y planificación implica preservar aquello que ha demostrado ser eficiente y tangible, y eso pasa por colocar la preparación por encima del compañerismo político. Es comprensible que quienes asumen el poder aspiren a colocar a los suyos, pero gobernar no es administrar para un partido, sino para un país cada vez más exigente, que necesita continuidad en servicios que ya han alcanzado estándares de calidad.
Estoy convencido de que incluso los ciudadanos de a pie pueden identificar servicios básicos que han mejorado notablemente gracias a la capacidad técnica y la modernización administrativa, como ocurre en el transporte público o en aquellos servicios que implican trámites administrativos, entre otros.
Si ampliamos la mirada, encontramos que países como Chile, Costa Rica e incluso Singapur han adoptado criterios meritocráticos para posiciones estratégicas, asegurando eficiencia, estabilidad y continuidad en la gestión, más allá del color del partido en el poder. ¿Es imposible apostar por esta cultura en nuestro país? No. De hecho, se observan funcionarios que, en distintos periodos de gobierno, han brindado un servicio técnico y profesional. Sin embargo, persisten barreras, quejas y cuestionamientos hacia decisiones orientadas a priorizar la preparación por encima de otras consideraciones.
Ser conscientes de la situación no significa que la propuesta sea simple: implica desaprender y desarraigar décadas de prácticas y de una visión que ha perjudicado el buen funcionamiento de la administración pública en nuestro país. Ya es hora de apostar decididamente por un cambio de paradigma. Es fundamental que las evaluaciones en las instituciones sean técnicas y no políticas, y que la formación y profesionalización se conviertan en el estandarte de todas las posiciones dentro del Estado.
Se están dando los primeros pasos, y el gobierno actual, así como los futuros, sin importar el partido, no pueden sucumbir al chantaje de la mediocridad que privilegia intereses partidarios sobre el bienestar de la nación.
