El autor es escritor y periodista. Reside en Estados Unidos
La captura sorpresa de Nicolás Maduro, puesta en ejecución el 3 de enero de 2026 por fuerzas especiales de Estados Unidos marca el inicio de una transformación radical en la estructura de poder del hemisferio occidental, y a la vez, se convierte en el significado de un evento que no solo representa la caída de una de las administraciones más longevas de la región, sino que sume a la población venezolana en una crisis institucional sin precedentes, bajo el pronóstico de una gran incertidumbre para el futuro inmediato y que sin dudas provocará un clima de tensión donde la esperanza por el cambio democrático está mezclada con el temor a las consecuencias de una transición forzada desde el exterior.
En este complejo escenario, el primer pilar de análisis se centra en la reacción de la comunidad internacional, específicamente de los gobiernos aliados, los cuales han mantenido su defensa hacia Nicolás Maduro, mientras países con dictaduras acérrimas como Cuba, Nicaragua y Bolivia han calificado dicha operación militar como un acto de “piratería internacional” que viola flagrantemente la soberanía de los estados, por lo que, al parecer, para estos actores, la detención de un mandatario en funciones representa un precedente peligroso que amenaza la estabilidad de cualquier nación que no actúe a favor de los intereses pecuniarios y las políticas marcadas de Washington.
Por su parte, aliados extrarregionales, como Rusia y China, también han adoptado una postura de condena diplomática, aunque con una cautela estratégica que revela el peso de sus intereses económicos en el país. Si bien estos gigantes geopolíticos han sido el sostén financiero del chavismo durante años, su incapacidad para impedir la extracción del mandatario refleja un cambio en la correlación de fuerzas globales, en razón de que la defensa de Maduro en estos foros internacionales busca, principalmente, proteger las millonarias inversiones y deudas contraídas en el sector energético, minero y petrolero bajo la sombra de los Estados Unidos.
El segundo pilar fundamental para entender este desenlace es la tesis de la traición interna dentro del círculo íntimo del palacio de Miraflores, visto que a medida que pasan los días y después de la captura del dictador, pues nacen más evidencias de que funcionarios de alto rango del gabinete y del alto mando militar fueron los que facilitaron información crucial a las agencias de inteligencia estadounidenses. La falta de resistencia armada durante el operativo en zonas de máxima seguridad puso de manifiesto que la lealtad hacia el mandatario estaba fracturada irremediablemente, bajo el argumento de permitir una extracción “limpia” y coordinada.
Quizá por esa razón, dichas sospechas de traición han caído con fuerza sobre figuras clave como la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el ministro de la defensa Vladimir Padrino López, lo que da razón a algunos analistas en el sentido de qué sectores del chavismo pudieron negociar una salida para Maduro a cambio de garantías de impunidad o de mantener cuotas de poder en el nuevo orden provisional; sin embargo, esta fractura interna no solo facilitó el operativo militar, sino que dejó a las bases del oficialismo en un estado de desmoralización y desconfianza que dificultaron los intentos de contraofensiva política.
Es notorio que la narrativa de la entrega de Maduro estuvo reforzada por los testimonios de informantes dentro de los cuerpos de seguridad, quienes relatan que los anillos de protección fueron desactivados sistemáticamente horas antes del asalto, mientras para muchos observadores, el fin de la era dictatorial y oportunista de Maduro no solo es el resultado de una presión externa asfixiante, sino el producto de un colapso moral y ético dentro de su propia estructura de mando, donde el pragmatismo de la supervivencia individual prevaleció sobre la lealtad ideológica.
Como tercer pilar, y quizás el más determinante para el futuro de Venezuela, se conjuga en el interés explícito de Estados Unidos sobre el petróleo venezolano, donde la administración de Donald Trump ha sido transparente al declarar que “el control de las reservas de crudo es una prioridad de seguridad nacional y el eje central de su estrategia de estabilización” tras anunciar que millones de barriles serán entregados para saldar deudas y financiar la reconstrucción nacional, dejando bien claro que el recurso energético es el principal botín y motor detrás de la intervención contra el gobierno del madurismo en Venezuela.
En relación con el enfoque energético de Donald Trump, debo señalar que el mandatario estadounidense solo busca reinsertar a las grandes corporaciones petroleras en la faja petrolífera del Orinoco, revirtiendo décadas de nacionalizaciones, a fin de garantizar la reactivación de la producción bajo supervisión externa como vía fundamental para frenar la migración masiva y estabilizar la economía regional; sin embargo, esta estrategia ha despertado reacciones que se contraponen con la defensa de la democracia y sirven como fachada para una operación de control de recursos a gran escala que podría contribuir al aumento de la desigualdad social en Venezuela.
La respuesta latinoamericana frente al interés de Estados Unidos por el petróleo no es ambigua. ¿Por qué?, pues mientras algunos gobiernos ven con alivio el fin de una crisis que supuestamente afectaba al continente, otros miran con recelo la gestión directa de los recursos venezolanos por parte de Washington. Ahora, el temor de Venezuela es que el protectorado energético y petrolero de EE. UU. se convierta en una demanda común por la transparencia y el respeto a la autodeterminación del pueblo venezolano sobre sus riquezas naturales.
En medio de este juego de intereses, la crisis humanitaria de los venezolanos sigue siendo la urgencia más palpable y aunque la llegada de ayuda internacional se ha intensificado tras la captura del mandatario, la inflación y el desmantelamiento de los servicios públicos requieren de una inversión que el país no puede generar por sí solo, mientras la población civil se encuentra atrapada en una transición donde su bienestar parece condicionado al éxito de las negociaciones petroleras entre las nuevas autoridades y los inversionistas extranjeros.
El legado de este momento histórico será definido por la capacidad de Venezuela para recuperar su soberanía en un entorno de tutelaje internacional, ya que la captura de Maduro ha despejado el camino para un cambio político, pero ha dejado abierta la interrogante de sí este cambio responderá a las necesidades de la ciudadanía o a los imperativos económicos de las potencias que financiaron y ejecutaron su caída. La historia juzgará si este episodio fue el inicio de una democracia real o una reconfiguración de la dependencia energética.
La estrategia de Estados Unidos contra Venezuela para 2026 está cimentada sobre una estructura de pragmatismo geopolítico, aprovechamiento de debilidades internas y una ambición clarividente. La caída del régimen de Nicolás Maduro, facilitada por la traición y justificada por el petróleo, representa un nuevo capítulo en las relaciones interamericanas, por lo que, a partir de este momento, el destino de Venezuela dependerá de un delicado equilibrio entre la influencia de Washington, la resistencia de los aliados regionales y el deseo soberano de un pueblo que busca justicia más allá de los intereses del petróleo.
jpm-am
Compártelo en tus redes:
ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.
