Francisco Tavárez
Edición dominical para El Demócrata
Recientemente hemos conocido situaciones en las que la salud de pacientes oncológicos en nuestro país se ha visto gravemente afectada por la falta de acceso a sus medicamentos, una consecuencia directa de prácticas corruptas en las que también intervienen grupos empresariales. Así opera la corrupción: adopta distintas formas y siempre busca vías alternas para sobrevivir. Cuando las instituciones de fiscalización son débiles, encuentra el terreno ideal para que sus responsables alcancen sus objetivos. En ese contexto surge la denominada captura del Estado, una modalidad de corrupción que afecta de manera directa tanto al aparato estatal como a la población.
Las consecuencias de la corrupción nos afectan de manera directa, y más de lo que imaginamos. Nuestro derecho a la educación, la salud, el transporte o la seguridad ciudadana no se ve vulnerado únicamente por la corrupción de funcionarios públicos, sino también por la participación de grupos económicos que influyen e intervienen en estos entramados.
Comprender cómo funciona la captura del Estado nos permite cuestionar la idea de que la corrupción se limita únicamente al ámbito político. Más allá de los funcionarios públicos, hay actores económicos que no solo ejercen influencia, sino que participan de manera directa en entramados corruptos que generan un impacto social perjudicial. Muchas de las reglas que sostienen estos esquemas han sido diseñadas con participación empresarial, lo que demuestra que las empresas captoras pueden desempeñar un papel tan determinante como el de quienes ocupan cargos públicos.
Un estudio titulado La captura del Estado en economías en transición, elaborado por los economistas del Banco Mundial Joel Hellman y Daniel Kaufmann, ofrece una de las definiciones más precisas de este fenómeno, al describirlo como los intentos de las empresas por incidir en la formulación de leyes, políticas y regulaciones estatales mediante pagos ilícitos a funcionarios públicos. Los autores subrayan que las empresas involucradas en la captura del Estado no pertenecen exclusivamente a grandes conglomerados, sino que provienen de diversos sectores y, en algunos casos, son actores relativamente recientes en el mercado.
Identificadas sus características y dinámicas, surge la pregunta: ¿cómo enfrentamos la captura del Estado? Cada vez que el aparato estatal intenta fortalecer la institucionalidad y desarrollar un marco jurídico efectivo, estos grupos empresariales crean barreras e intervienen en favor de sus propios intereses. Por ello, las reformas resultan insuficientes si no van acompañadas de mecanismos eficaces de supervisión, sanción y cumplimiento. Un desafío pendiente en nuestro país es la fiscalización efectiva del financiamiento empresarial hacia la política y lo público, aspectos clave señalado por Hellman y Kaufmann en su investigación.
Enfrentar la corrupción exige ir más allá de su denuncia. Implica identificar responsables, aplicar sanciones ejemplares dentro de nuestro marco jurídico y analizar las dinámicas que permiten su perpetuación. En este sentido, resulta indispensable fortalecer la conciencia social y avanzar hacia sanciones legales más efectivas que desincentiven la participación de todos los actores involucrados.
Finalmente, quiero destacar que tanto en el sector público como en el privado existen personas comprometidas con la ética y el interés colectivo; no es mi intención generalizar. Sin embargo, el éxito de la corrupción radica en su capacidad para crear mecanismos imperceptibles que le permiten evadir las normas y materializar sus objetivos, siendo la captura del Estado, en mi opinión, una de sus expresiones más nocivas.
