El autor es comunicador. Reside en Nueva York
POR LUIS M. GUZMAN
La discusión sobre la indexación propuesta por el senador Omar Fernández ha colocado en el centro del debate un punto esencial para la justicia fiscal, la necesidad de que el Estado respete el artículo 327 del Código Tributario.
Este artículo obliga a ajustar anualmente los tramos del ISR con base en la inflación medida por el Banco Central, evitando que los trabajadores paguen más impuestos sin haber aumentado su poder adquisitivo.
Fernández ha sustentado su posición con un argumento jurídico sencillo, la ley no es opcional. Desde el 2017, la indexación ha sido congelada en las sucesivas Leyes de Presupuesto, anulando en la práctica una protección diseñada para la clase asalariada.
Su postura exige que el Presupuesto 2026 deje sin efecto ese congelamiento y se aplique el ajuste correspondiente por inflación acumulada.
Al exigir el cumplimiento del artículo 327, Fernández no solicita privilegios, sino el restablecimiento de una garantía erosionada. La inflación acumulada empuja a miles de empleados formales a tramos superiores del ISR sin que sus salarios reales hayan crecido.
Esto se conoce como “impuesto silencioso”, una carga que afecta especialmente a la clase media trabajadora y dificulta mantener su nivel de vida.
La propuesta también tiene una dimensión ética. En un país donde la informalidad supera el 50%, los asalariados formales representan el grupo que más consistentemente aporta al fisco. Si el Estado descansa sobre su compromiso, debe garantizar que sus aportes respondan a una base tributaria justa. La indexación es un mecanismo técnico que evita abusos y fortalece la confianza en las normas.
No aumentos
A nivel económico, la indexación no implica aumentos salariales automáticos. Se trata de ajustar los montos expresados en pesos en la escala del ISR para que reflejen la inflación real. Sin este ajuste, cada alza nominal del salario mínimo o cada mejora contractual queda parcialmente anulada cuando el trabajador termina tributando más por inflación, no por riqueza real.
La iniciativa de Fernández ha sido respaldada por sectores empresariales, economistas independientes y organizaciones sociales. Muchos sostienen que liberar de ISR a ingresos cercanos a RD$52,000 mensuales sería coherente con la inflación acumulada desde 2017. Esta visión desmiente que la propuesta sea partidista; por el contrario, responde a un consenso técnico creciente.
Los detractores señalan el posible impacto en la recaudación. Es cierto que el ajuste reduciría el ISR pagado por asalariados, pero el costo fiscal es transparente y predecible. En lugar de financiar al Estado a través de la erosión silenciosa del ingreso real, se puede compensar mediante la reducción de gastos ineficientes, mejor control del gasto tributario y combate a la evasión.
Además, aplicar la indexación enviaría una señal positiva de estabilidad normativa. La inseguridad jurídica no solo afecta a inversores, sino también a ciudadanos que requieren reglas claras. Si la ley dice que los tramos deben ajustarse cada año, y el Presupuesto los congela continuamente, se debilita la credibilidad institucional y se normaliza una excepción que nunca debió ser regla.
No menos importante es el efecto sobre la formalidad laboral. Si el trabajador percibe que el sistema fiscal es injusto, aumenta la tentación de migrar a la informalidad, donde no existen retenciones. Recuperar el principio de indexación contribuye a que la formalidad sea más atractiva, fortaleciendo la base contributiva sin castigar injustamente a quienes cumplen.
La postura de Fernández también coloca sobre la mesa un debate pendiente, separar de manera clara lo que es política salarial de lo que es política tributaria. Los ajustes salariales negociados en el CNS no sustituyen a la indexación tributaria.
Son debates distintos, y confundirlos solo perpetúa la idea errónea de que la protección del salario depende de decisiones discrecionales.
Para una implementación efectiva, la propuesta requiere tres pasos, descongelar formalmente el artículo 327 en la Ley de Presupuesto 2026, ordenar a la DGII publicar la nueva escala ajustada por inflación y establecer una cláusula de permanencia que impida futuros congelamientos sin una justificación extraordinaria. Este enfoque combina rigor legal y responsabilidad fiscal.
En síntesis, la propuesta de Omar Fernández rescata un principio básico, el salario del trabajador no debe ser víctima de la inflación ni de la discrecionalidad política.
La indexación fortalece la justicia tributaria, mejora la transparencia y devuelve coherencia al marco institucional. No es una batalla partidaria; es una defensa del Estado de derecho y de quienes sostienen el país con su trabajo
jpm-am.
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