El autor es abogado. Reside en Panamá.
De acuerdo con el Ministerio de la Mujer, en los primeros nueve meses del año 2024 los tribunales dominicanos atendieron un total de 17,763 casos de violencia de intrafamiliar. De estos, una gran parte estuvo relacionada con sentencias penales por violencia de género, destacando las conectadas a violencia física con 1,275 casos y violencia psicológica con 651.
El informe resalta los esfuerzos continuos para combatir la violencia de género. Reflejando tanto los desafíos como el progreso. Tomando en cuenta las limitaciones existentes para proteger a la mujer en una cultura patrialcar.
Por otro lado, el Centro de Investigación y Promoción Popular (CIPP) presentó un análisis sobre la violencia de género entre 2015 y 2021 titulado “Estadísticas sobre Feminicidios y Violencia Doméstica”, donde muestra un aumento sostenido en los casos reportados. Con un crecimiento anual promedio de 20.39%. Un escalofriante escenario de abuso contra la mujer.
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), nuestro país ocupa el segundo lugar en la región con mayor índice de asesinatos de mujeres. Esta alarmante estadística se ha hecho sentir en el Congreso Nacional.
La nueva diputada Kimberly Taveras,» presentó un proyecto de ley, que busca frenar los feminicidios y los filicidios.
La reforma fue bautizada, como ‘Déjala ir’, y que el Congreso Nacional considera «sin precedentes», busca reducirlos para 2030 y erradicarlos completamente en 2035.
¿Cuántas leyes se han promulgados, supuestamente para combatir males sociales y luego son engavetadas para que duerman el sueño del olvido?
Hasta que no se enfrente con determinación, el flagelo de la corrupción administrativa, No importa cuántas leyes se implementen para reducir males sociales, si primero, no se combate la pobreza y la marginación en que vive la mayor parte de la población, como producto del saqueo de los bienes públicos.
Ninguna ley funciona en un país donde sus autoridades son las primeras que no las cumplen. Como abogado, ejercimos por más de un año la función de ayudante fiscal en el Departamento de Violencia Intrafamiliar, ubicado en Alma Rosa. Pudimos constatar las tremendas diferencias existentes en el trato de los casos sobre violencia de género.
Cuando se trataba de un líder político del partido en el poder, la impunidad bajaba de orden. En el caso de una persona con poder económico, la corrupción se imponía y en el de una persona pobre, la ley. En muchas ocasiones, se nos acercaban madres para pedirnos el pasaje para llegar a sus domicilios.
¿Cuántas madres víctimas de violencia intrafamiliar, por falta de recursos para trasladarse, o por no tener un familiar para cuidar sus hijos, deciden quedarse en casa? ¿Cuántas madres para no seguir teniendo problemas con quien provee lo necesario para mantener la familia, no se querellan por mal trato?
No se puede combatir con efectividad la violencia intrafamiliar, cuando existe dependencia económica. Para cambiar éste triste panorama, primero se debe capacitar a la mujer y luego crear fuentes de trabajo.
En un país donde el órgano judicial funciona como una telaraña, que sólo atrapa al pobre y deja escapar al rico, sin importar la procedencia. Por lo que se desata el hambre de riquezas, que coloca al individuo en un pedestal, inalcanzable para la justicia.
Cuando cualquier gobernante en vez de esforzarse por frenar la corrupción administrativa se convierte en cómplice, el país no puede prosperar, ni salir del subdesarrollo.
jpm-am
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