La autora es periodista. Reside en Baní
POR LUISANA LORA PERELLO
Hay instituciones que no deberían permitirse el lujo de estar en el ojo del huracán. Senasa es una de ellas. Nació con la promesa de ser el seguro de los más pobres, el brazo protector de quienes no podían pagar clínicas privadas, el garante de que la salud no dependiera del bolsillo.
Sin embargo, los últimos escándalos de supuesta corrupción y mal manejo la han arrastrado al mismo fango que tantas otras dependencias públicas.
A pesar de que la situación salió a la luz hace ya algún tiempo, no quise
precipitarme en escribir estas líneas sin entender de fondo la magnitud
del problema. Y al indagar, lo que encontré fue todavía más indignante:
terminé descubriendo que fui indirectamente una de las afectadas.
Un familiar cercano pasó más de seis meses sin acceso a medicamentos
por supuestos “problemas en el sistema”. Lo que no sabíamos era que
todo se trataba de una estafa. Una burla cruel disfrazada de burocracia.
El dominicano de a pie no discute tecnicismos de auditorías ni memoriza artículos de leyes; lo que sí siente en carne propia es la humillación de llegar a una farmacia y que le nieguen un medicamento porque “no está cubierto”, o hacer una fila en un hospital y que le digan que “no aparece en el sistema”.
Ahí es donde se mide la verdadera gestión: en el dolor de la gente, no en los discursos de funcionarios.
Lo que indigna es que, mientras se habla de millones desviados y de
manejos turbios, hay pacientes con cáncer que esperan meses para
aprobarles un tratamiento, envejecientes que no reciben sus chequeos a
tiempo y madres que hacen malabares para comprar las medicinas que
sus hijos necesitan.
¿Cómo se explica ese contraste? ¿Cómo puede justificarse que el dinero que debía aliviar vidas termine en bolsillos privados?
La salud, en cualquier país serio, es un terreno sagrado. Aquí, en
cambio, se ha vuelto una pieza de ajedrez en la que priman intereses
políticos y negociaciones soterradas. El mismo pueblo que levantó a
Senasa como un logro de inclusión social hoy observa con rabia cómo la
institución se tambalea bajo sospechas.
No basta con declaraciones tibias de que “se investigará”. La sociedad
necesita sanciones claras, responsables directos y, sobre todo, una
reforma que devuelva transparencia y confianza. Porque si algo debe
estar blindado frente a la corrupción, es justamente la salud.
La esperanza es que, esta vez, no todo quede en el aire. Que la justicia sea implacable y que los responsables, caiga quien caiga, enfrenten las consecuencias.
Que se les aplique todo el peso de la ley, sin privilegios ni pactos ocultos. Solo así Senasa podrá recuperar el propósito con el que nació: ser el verdadero salvavidas de los dominicanos más vulnerables.
En este caso, no se trata solo de castigar el robo; se trata de rescatar la
dignidad de un pueblo que se niega a aceptar que su salud sea tratada
como botín político. Y ahí, más que en ningún otro escenario, la justicia
no puede fallar.
JPM
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