CNDH denuncia mafia y corrupción en el CEA y exige la destitución de su administrador
Por: Mireya Mireya
SANTO DOMINGO.-La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) denunció la existencia de una red mafiosa y estructuras corruptas dentro del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), y exigió al presidente de la República, Luis Abinader, la inmediata destitución de su administrador, Rafael Abraham Burgos Gómez.
Según la organización, Burgos Gómez ha incumplido un Poder Especial otorgado por el mandatario (No. 36/2025), el cual lo instruía formalmente a firmar contratos de venta y traspaso de terrenos a varios ciudadanos, incluyendo a Juan Euclides Rivera Cordero. La CNDH-RD sostiene que el funcionario ha ignorado esta disposición presidencial, generando inseguridad jurídica y daños económicos a los afectados, al tiempo que ha permitido el resurgimiento de prácticas ilícitas en el seno del CEA.
La comisión afirma que dentro del CEA operan redes corruptas de niveles medio y alto que extorsionan a ciudadanos, falsifican documentos, y realizan ventas ilegales de terrenos, violando los derechos de personas que cumplieron con todos los procesos legales. Uno de los casos más alarmantes, señalaron, es el de la empresa CDG DIGAS, representada por Jangle Vásquez Rodríguez, que se habría apropiado irregularmente de más de 110 solares mediante una permuta nunca ejecutada legalmente.
“La permisividad del administrador ante estas irregularidades ha creado un clima de impunidad que pone en riesgo el patrimonio público y vulnera la autoridad presidencial”, afirmó la CNDH-RD en un comunicado. La organización advirtió que, de no producirse la destitución de Burgos Gómez en un plazo prudente, llevarán el caso ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
La CNDH concluyó su denuncia reiterando que la única vía para detener el caos institucional en el CEA es la remoción inmediata del actual administrador, y llamó al presidente Abinader a actuar con firmeza en defensa de la legalidad, la transparencia y los derechos de los ciudadanos afectados.
