
NACIONES UNIDOS.- La violencia en Haití continúa escalando a niveles alarmantes. Un nuevo informe de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH) reveló que, en los primeros seis meses de 2025, se registraron 4,026 homicidios intencionados, lo que representa un incremento del 24 % respecto al mismo período del año anterior. Entre las víctimas se cuentan 376 mujeres, 21 niñas y 68 niños, según informó este miércoles Miroslav Jenča, secretario general adjunto de la ONU para Europa, Asia Central y las Américas, ante el Consejo de Seguridad.
Durante su comparecencia, Jenča advirtió que la capital haitiana, Puerto Príncipe, está prácticamente paralizada por el control que ejercen las bandas armadas, lo que ha agravado el colapso del orden público y amenaza con la desaparición total del aparato estatal en la ciudad. “Sin una acción decidida de la comunidad internacional, el colapso total del Estado en la capital podría convertirse en una realidad”, alertó el alto funcionario, quien visitó recientemente el país caribeño.
A este sombrío panorama se suma el drástico aumento de personas desplazadas internamente, que ya superan los 1.3 millones, según datos del Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos. Esta cifra triplica la registrada en 2023 y es seis veces mayor que la de 2022, reflejando la expansión territorial y el poder destructivo de las pandillas.
La directora general de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), Ghada Waly, también participó en la sesión del Consejo de Seguridad, donde advirtió que aproximadamente el 90 % de Puerto Príncipe está actualmente bajo control de grupos criminales organizados. Waly subrayó que el crimen se extiende hacia el este y el sur del país, y denunció el cierre de infraestructuras clave, como una presa hidroeléctrica que abastecía el 30 % de la energía nacional.
Además, Waly alertó sobre el crecimiento acelerado de grupos de autodefensa armados, en respuesta al vacío institucional, y denunció la repatriación forzosa de migrantes haitianos desde varios países de la región, muchos de ellos enviados a zonas altamente inseguras, sin acceso a servicios básicos ni protección.
A pesar del caos, el Consejo Electoral Provisional de Haití mantiene planes de celebrar elecciones en febrero de 2026, con apoyo de la BINUH y otros socios internacionales. Sin embargo, Jenča advirtió que la violencia y las divisiones internas entre actores políticos podrían hacer inviable el proceso electoral.
En paralelo, un juez federal de Nueva York emitió una sentencia a favor de ciudadanos haitianos beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) en EE.UU., bloqueando momentáneamente los intentos de revocar esa protección. Esta decisión ofrece un respiro legal a miles de haitianos ante el endurecimiento de políticas migratorias.
Haití, inmerso en una crisis multidimensional, se encuentra en uno de los momentos más frágiles de su historia reciente. La comunidad internacional observa con creciente preocupación cómo el país se desliza hacia un colapso institucional y humanitario sin precedentes.