
Santo Domingo.- El tribunal colegiado del Distrito Judicial dictó una condena de 10 años de prisión contra Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor vinculada al exjugador de Grandes Ligas Wander Samuel Franco Aybar, tras encontrarla culpable de explotación sexual comercial y lavado de activos.
En la misma audiencia, los jueces Jakayra Veras, Venecia Rojas y José Juan Jiménez también condenaron a Wander Franco a dos años de prisión con pena suspendida, luego de considerar probada su responsabilidad penal en relación con el abuso sexual de una menor de edad.
El fallo se sustenta en la violación del artículo 409 del Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03), el cual penaliza el abuso sexual contra menores. La decisión fue adoptada luego de que el tribunal analizara más de 160 pruebas documentales y testimoniales presentadas por el Ministerio Público, pese a lo cual se criticó a los fiscales por incurrir en redundancias en la presentación de sus pruebas.
Explotación y chantaje
Según la sentencia, Chevalier incurrió en conductas de presión y chantaje hacia Franco, ejerciendo una forma clara de explotación sexual comercial en perjuicio de su propia hija. El tribunal concluyó que la imputada veía a su hija como «una mercancía», al exigir beneficios económicos al pelotero, incluyendo pagos para la educación de la menor, a cambio de silencio y complicidad.
“Una actitud bochornosa y reprochable. El tribunal acoge en todas sus partes la solicitud del Ministerio Público”, expresó la jueza Jakayra Veras al leer el fallo.
Durante el juicio, tanto Chevalier como Franco negaron los cargos y solicitaron sus respectivas absoluciones, alegando falta de pruebas y violaciones al debido proceso.
Defensa y controversia
La defensa de Wander Franco, liderada por la abogada Irina Ventura, denunció que “intereses externos al caso han buscado dañar su carrera profesional”, mientras que el abogado de Chevalier, Yancarlos Cid, calificó la acusación como “imprecisa” y pidió la devolución de bienes incautados durante la investigación, entre ellos vehículos, terrenos y grandes sumas de dinero en efectivo.
Por su parte, el fiscal Claudio Cordero, representante del Ministerio Público, defendió la solidez del expediente y celebró el veredicto como “una victoria para la justicia y la protección de la niñez dominicana”.