SANTO DOMINGO.- La decisión del tribunal en el caso contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat generó reacciones divididas. Mientras la defensa valoró positivamente el fallo y reafirmó su compromiso con el proceso, el Ministerio Público expresó su desacuerdo con la medida de coerción impuesta.
El tribunal dictó garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica, pero el Ministerio Público consideró que, dada la magnitud de los hechos y la cantidad de víctimas, procedía la prisión preventiva.
“Aquí murieron 235 personas y más de 130 niños quedaron huérfanos. En este país se impone prisión preventiva por delitos mucho menos graves”, declaró un fiscal, anunciando que evalúan recurrir la decisión.
Respecto a la calificación jurídica, la jueza indicó que será debatida en una etapa posterior, aunque el Ministerio Público insistió en que se trata de homicidio involuntario, conforme al artículo 319 del Código Penal.
Acuerdos con víctimas y críticas públicas
Durante la audiencia, se reveló que la defensa ha llegado a acuerdos con al menos 40 víctimas, ofreciendo apoyo económico y psicológico, especialmente a familias con menores. La defensa insistió en que esto no implica admisión de culpabilidad penal, sino responsabilidad civil.
“No hemos dado declaraciones altisonantes ni lo haremos. Respetamos el dolor de las víctimas y confiamos en el proceso”, dijo uno de los abogados.
También rechazaron las acusaciones en redes y medios que relacionaban el caso con criminalidad organizada. “Esto no es crimen organizado, es una tragedia que debe investigarse con seriedad”, afirmaron.
Lo que sigue
La investigación continúa. El tribunal recordó que la medida de coerción busca garantizar la comparecencia de los imputados y no equivale a una condena. Ambas partes esperan el desarrollo del proceso judicial.
