De 3 meses a 2 años de prisión, castigo por homicidio involuntario
Santo Domingo.- Según el artículo 319 del Código Penal Dominicano, el homicidio involuntario se sanciona con prisión correccional de tres meses a dos años, cuando la muerte es ocasionada por torpeza, imprudencia, inadvertencia, negligencia o inobservancia de los reglamentos.
Este contexto cobra relevancia debido a que el propietario de la discoteca Jet Set, Antonio Espaillat, fue arrestado y está siendo investigado, junto a su hermana Maribel Espaillat, por un presunto caso de homicidio involuntario por negligencia, tras el colapso del techo del establecimiento, suceso que provocó la muerte de 236 personas.
El Ministerio Público acusó este jueves a Antonio Espaillat López, propietario de la discoteca Jet Set, y a su hermana Maribel Espaillat, de realizar maniobras para intentar intimidar o manipular a empleados de la empresa Inversiones E y L, S.R.L., quienes podrían fungir como testigos en la investigación por el colapso del techo del establecimiento, ocurrido el pasado 8 de abril.
Según la orden de arresto gestionada por la Procuraduría ante la jueza Fátima Scarlette Veloz Suárez, del Décimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, los imputados habrían intentado influir en trabajadores vinculados directamente con la operación del Jet Set Club, con el propósito de entorpecer el curso de la investigación penal.
Estos empleados forman parte del personal que habría advertido previamente sobre el deterioro del techo y el riesgo que implicaba realizar la fiesta del 8 de abril, evento que terminó en tragedia con 236 personas muertas y más de 180 heridas.
El Ministerio Público considera que estas acciones constituyen un intento deliberado de obstrucción de la justicia, lo que agrava la situación legal de los hermanos Espaillat, quienes también enfrentan cargos por homicidio involuntario debido a la negligencia que, según las autoridades, provocó el derrumbe.
Las autoridades sostienen que se trató de una cadena de omisiones graves, agravadas por un supuesto interés en silenciar o condicionar a posibles testigos clave en el proceso penal.
Los imputados fueron arrestados este jueves luego de ser interrogados por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, y serán presentados en las próximas horas ante un juez de atención permanente para conocerles medidas de coerción.
