141 años después, la justicia dominicana da un paso histórico. El presidente Abinader demostró su altura de estadista al promulgar el código
Por Francisco Tavárez , director de El Demócrata
Después de 141 años de espera, debates inconclusos, fracasos legislativos y excusas políticas, la República Dominicana finalmente cuenta con un nuevo Código Penal. Promulgado este domingo 3 de agosto de 2025 por el presidente Luis Abinader, este cuerpo legal representa una transformación sin precedentes en el sistema de justicia penal dominicano.
Desde 1884 —cuando el entonces Decreto-Ley núm. 2274 dio origen al Código Penal vigente hasta ahora— el país ha cambiado radicalmente. Sin embargo, durante más de un siglo, nuestras leyes penales no lograron acompañar ese cambio, dejando amplias brechas legales frente a delitos modernos y estructuras criminales sofisticadas.
El nuevo Código Penal, aprobado tras décadas de intentos fallidos, marca un punto de inflexión. Entre sus avances más destacados se encuentran:
• La tipificación de nuevos delitos como el feminicidio, el sicariato, el ciberbullying, la estafa piramidal, la violencia económica, la difusión de deepfakes con fines de chantaje, la instigación al suicidio, y la violación sexual dentro del matrimonio o pareja.
• El endurecimiento de las penas, con sanciones que llegan hasta los 40 años de prisión y hasta 60 años en caso de concurso de infracciones muy graves.
• La creación de medidas sociojudiciales como el registro de agresores sexuales y programas de reeducación.
• La responsabilidad penal de personas jurídicas, incluyendo sanciones severas por negligencia corporativa.
• La ampliación de los plazos de prescripción de delitos sexuales y corrupción, así como la posibilidad de inhabilitación de funcionarios públicos y el decomiso de bienes ilícitos.
• El fortalecimiento de la protección a las víctimas y el reconocimiento de un enfoque resocializador para la reintegración de los infractores.
Además, el nuevo marco legal reconoce la supremacía de los derechos fundamentales, la proporcionalidad de las penas, y la necesidad de aplicar el derecho penal solo como último recurso, conforme a los principios de un Estado social y democrático de derecho .
Pero más allá de los aspectos técnicos, este Código Penal representa una victoria de la voluntad política y de la responsabilidad institucional. El presidente Luis Abinader ha demostrado altura de estadista al promulgar esta ley, sin caer nuevamente en la trampa de las tres causales, una disputa que por años ha sido usada como excusa para el estancamiento legislativo. Aun con posiciones públicas divergentes dentro de su propio hogar —como las de la primera dama y sus hijas, que respaldan las causales— el presidente eligió dar prioridad a la nación por encima de cualquier interés particular o ideológico.
Este logro también fue posible gracias al liderazgo valiente de la procuradora general de la República Yeni Berenice Reynoso, quien compareció en el Congreso, motivó y defendió el proyecto con firmeza técnica y sentido de urgencia. Su intervención fue determinante, y desde El Demócrata valoramos su papel como referente de justicia comprometida y eficaz.
Desde nuestra redacción, reconocemos igualmente el rol del Congreso Nacional, que, en esta ocasión, logró superar divisiones históricas para poner el interés colectivo por encima de agendas partidistas.
Aunque la ley entrará en vigor en un plazo de doce meses, su promulgación ya representa un triunfo. Es el inicio de una nueva era para la justicia penal dominicana, que nos coloca a la altura de las exigencias del presente y nos permite enfrentar con decisión los desafíos de la criminalidad organizada, la corrupción y la violencia estructural.
Hoy no solo celebramos una ley; celebramos el fortalecimiento del Estado de derecho, el compromiso con la víctima y la reafirmación de que la justicia no puede seguir esperando.
La República Dominicana ha roto el ciclo de la indiferencia penal. Que este nuevo Código no sea solo una victoria legislativa, sino también una herramienta viva al servicio de una sociedad más justa, más segura y más digna.
